DADAMO MUEBLES - Fábrica de Muebles Rosario
Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de muebles a medida de alta calidad. Producidos con mano de obra local calificada y con materia prima seleccionada e insumos de primera clase, con una larga trayectoria, avala la calidad de nuestros productos.
Nuestra especialidad es la
fabricación de muebles modernos en todas sus líneas, utilizando materiales de primera calidad, con finas combinaciones de madera, herrajes y vidrios de última generación. Te ayudamos a organizar tus ambientes de una manera original con sencillas y divertidas ideas.
Proveemos un servicio personalizado, teniendo en cuenta que nuestra principal premisa es la atención de cada cliente en particular para poder satisfacerlo en forma eficiente.
Misión: Ofrecer soluciones calificadas a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, garantizando altos estándares de calidad y confiabilidad en productos y servicios, mejorando continuamente cada uno de los procesos para alcanzar la excelencia.
Visión: Consolidarnos a mediano plazo como una empresa líder en el sector, con carácter diferenciado y personalizado en el área de productos y servicios, con el apoyo del mejor recurso humano y tecnológico para trabajar junto a nuestros clientes.
Política de Calidad: Proveer servicios orientados para dar plena satisfacción al cliente, desarrollando altos estándares de calidad que contribuyan a optimizar la relación costo – beneficio. Actuando con responsabilidad y respetando el compromiso asumido con el cliente, será la manera de generar su confianza.
El sector inmobiliario negocia con el gobierno cambios en la ley de alquileres
El proyecto de la nueva ley de alquileres presentado por el gobierno nacional, y que la semana pasada ya ingresó en la Cámara de Diputados, ha cosechado adeptos y detractores. Entre estos últimos se encuentran el sector inmobiliario y los propietarios, quienes se muestran reticentes a aceptar ciertos puntos de la ley.
De esta manera, el gobierno nacional negocia cambios al proyecto de ley, reformas éstas solicitadas por empresarios, martilleros, corredores inmobiliarios y cámaras inmobiliarias. En la reunión celebrada se hicieron presentes referentes del sector inmobiliario y el Diputado Nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetzky, autor del proyecto de ley ingresado al Congreso Nacional.
Uno de los principales reclamos de los empresarios inmobiliarios, es habilitar expresamente en el articulado de la nueva ley los desalojos en caso de incumplimiento del locatario. Nos encontramos aquí ante un obstáculo que tiene que ver con cuestiones procedimentales, ya que lo que corresponde al juicio de desalojo es competencia de las legislaturas provinciales, y por consiguiente, normado en los Códigos Procesales Civiles y Comerciales de cada provincia. Por ende, el Congreso Nacional carece de competencia alguna para legislar sobre dicha materia. El sector inmobiliario en dicha reunión hizo saber a los referentes del gobierno nacional su disconformidad con varios puntos del proyecto de ley, y la posibilidad de avanzar sobre amparos en la justicia en caso que el proyecto ingresado en diputados se convierta en ley tal como está redactado.
Uno de los puntos más controvertidos para los propietarios tiene que ver con el índice de actualización semestral, que según el proyecto de ley se realizaría a través de un índice de referencia conformado por el índice de precios de INDEC y el salario promedio de los trabajadores. Según afirman los empresarios inmobiliarios y los propietarios, sería más adecuado realizar la actualización semestral a través del índice UVA, ya que se publica todos los días y no necesita la creación de un indicador especial.
Otro de los artículos del proyecto que opuso resistencias tiene que ver con el tema de las garantías. El proyecto propone una flexibilización de las garantías, y establece que el propietario deberá aceptar alguna de las siguientes opciones: garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza. Los referentes de las inmobiliarias solicitan que la aceptación de dichas garantías no sea de carácter obligatorio para los propietarios, sino que surja como consecuencia del consenso entre ambas partes, esto es, locador y locatario.
Al ser consultado el diputado Lipovetzky sobre la posibilidad de incluir a los desalojos en el articulado de la ley, éste fue enfático: “No tenemos la competencia como comisión de Legislación General de reglamentarlo. Los juicios de desalojo corresponden a la justicia de cada provincia”.
Otros puntos álgidos de discusión se relacionaron también con el plazo de las locaciones, que el proyecto establece en tres años, cuando el actual plazo es de dos años para locaciones con destino a vivienda. Si bien el sector inmobiliario no está de acuerdo con la ampliación a tres años del plazo de las locaciones, estarían de acuerdo en aceptarlo si se desestima la obligatoriedad de inscribir los contratos en
AFIP, a los fines de obtener beneficios fiscales. Por último, un punto que también estuvo en debate es el vinculado a las comisiones, que según el proyecto de ley pone en cabeza de los propietarios el pago de las mismas a las inmobiliarias. Los
corredores inmobiliarios proponen que este punto se modifique, habilitando a las inmobiliarias que éstas puedan cobrar sus honorarios por los servicios prestados tanto a los propietarios, como a los inquilinos, según quién solicite los servicios de corretaje inmobiliario.
La ley de alquileres será debatido en Diputados
La semana pasada la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de la nueva ley de alquileres presentada por el gobierno nacional, y en breve comenzará la discusión en el recinto bajo.
El nuevo proyecto modifica al proyecto que obtuviera media sanción hace aproximadamente dos años en la Cámara de Senadores. Para llegar al dictamen de comisión positivo, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados citó a propietarios, inquilinos e
inmobiliarias a los efectos de ser escuchados y poder sentar sus posiciones.
El nuevo proyecto cuenta con seguidores y detractores, según el lugar en que se encuentre cada uno. Contratos de tres años, actualización cada seis meses de acuerdo al índice de inflación publicado por INDEC, y la variación de los salarios, y la ampliación a la aceptación de otros tipos de garantías, como por ejemplo las bancarias, por parte de los propietarios, ha generado revuelo y polémica.
Algunos de los artículos más sobresalientes del proyecto son los siguientes:
- Vigencia de los contratos:
El art. 5° del proyecto reza: "El contrato de locación de inmueble, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considerará celebrado por el plazo mínimo legal de tres años en locaciones destinadas a vivienda y de dos años para cualquier otro destino". Cabe recordar que actualmente, los alquileres destinados a vivienda se celebran por dos años.
El punto que versa sobre las garantías es quizás uno de los más polémicos del proyecto, y el que más incertidumbre representa para los inquilinos. El texto del proyecto obliga a los propietarios a aceptar alguna de las siguientes alternativas: garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos, esto es, recibo de sueldo, o garantía de fianza.
- Actualización del precio del alquiler.
El artículo 12 del proyecto estipula una actualización semestral, para los cual se utilizará "un índice conformado con IPC y el coeficiente de variación salarial". Es decir, que para dicha actualización semestral se deberá considerar el salario promedio de los trabajadores y el índice de inflación, para evitar un desfasaje con lo estipulado en el contrato.
Según lo establecido por el proyecto, los contratos deberán ser registrados ante AFIP: "Sólo los contratos de locación registrados serán oponibles a terceros, contarán con fecha cierta y podrán ser utilizados como instrumentos válidos para el inicio de acciones judiciales".
De manera conteste con lo establecido por el proyecto aprobado por la legislatura porteña, el proyecto presentado por el gobierno nacional establece que la comisión debida a la inmobiliaria deberá ser abonada por el propietario, así como los gastos de certificación de firmas, y cualquier otro gasto en el que incurriera el intermediario en el perfeccionamiento del contrato.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Unidos, la entidad que nuclea y defiende los derechos de los locatarios, expresó respecto al proyecto: "Ahora somos nosotros quienes decidimos por nosotros, y no es más el mercado inmobiliario. Ellos
vienen a defender el negocio de los propietarios,
es mentira que son intermediarios, que tienen solo un interés que es cuidar al propietario. Nosotros los inquilinos sabemos qué es mejor para nosotros, vamos a lograr que se regule el precio del alquiler, que la comisión en todo el país la pague el dueño, el mercado inmobiliario no va a decidir más por nosotros".
Fuente:
https://www.sramascopadilla.com.ar/blog/la-ley-de-alquileres-sera-debatido-en-diputados-130.html
